La falta de resultados en la investigación y resolución de delitos mantiene un alto nivel de impunidad en Sinaloa, señaló el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, quien consideró necesario fortalecer las instituciones de seguridad y justicia con más personal, herramientas y presupuesto.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Calderón Quevedo señaló que uno de los saldos más dolorosos de la crisis de violencia ha sido el impacto en la población más vulnerable, particularmente niñas, niños y mujeres.
Dijo que el número de mujeres víctimas se encuentra cerca de las 100 y que, más allá de la clasificación técnica de cada caso como feminicidio u homicidio, se trata de una situación que refleja la gravedad de la violencia que enfrenta el estado.
A esto, explicó, se suma el problema de la impunidad. Señaló que en las mesas de trabajo con integrantes de la Fiscalía existe disposición para atender los señalamientos, pero los avances en la práctica han sido pocos.
El problema, agregó, no termina con una detención. Después de que los ministerios públicos integran las carpetas de investigación, también debe existir coordinación con el Poder Judicial para que los casos puedan avanzar.
Por ello, Calderón Quevedo consideró que las instituciones necesitan mayores capacidades y recursos para responder a la cantidad de casos que enfrentan.
Explicó que algunos ministerios públicos tienen una carga de trabajo que implica revisar cientos de miles de hojas y realizar múltiples entrevistas, por lo que planteó fortalecer el presupuesto de la Fiscalía, el Poder Judicial, los peritos, policías ministeriales y la Policía Estatal.
En este sentido, señaló que los últimos dos presupuestos estatales no han permitido dar el salto que, desde su perspectiva, requieren las instituciones de seguridad y justicia.
Calderón Quevedo sostuvo que para 2027 se necesita, al menos, duplicar los recursos destinados a estos rubros y puso como referencia los 5 mil millones de pesos que, dijo, fueron aprobados para 2026: la propuesta sería alcanzar los 10 mil millones de pesos.
El coordinador del CESP señaló que contar con instituciones más fuertes también permitiría avanzar en la resolución de casos pendientes y reducir la impunidad, al considerar que la falta de consecuencias para quienes cometen delitos puede favorecer que continúen delinquiendo.
Pero Calderón Quevedo sostuvo que el problema de violencia en Sinaloa no puede atenderse solamente con más policías o militares.
Consideró que también deben abordarse factores sociales y culturales, así como la prevención desde las escuelas, el deporte, los espacios públicos y la cultura. Señaló además que instituciones como los sistemas DIF, SIPINNA y los centros de atención a las mujeres necesitan una mayor coordinación para evitar que sus acciones permanezcan desarticuladas.
Entre los pendientes que planteó se encuentra también la reactivación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que, dijo, no ha sido convocado desde febrero de 2024, así como la renovación de los integrantes ciudadanos del organismo, cuyo periodo terminó en diciembre de 2025.
Calderón Quevedo agregó que actualmente existe un despliegue de más de 15 mil elementos de distintas corporaciones en Sinaloa, pero señaló que esta presencia responde a una situación extraordinaria y no debería convertirse en una medida permanente.
La prioridad, dijo, es que Sinaloa pueda contar con instituciones locales fuertes y con una estrategia que atienda la violencia desde distintos frentes.