CEDH Sinaloa y Defensoría Pública acuerdan fortalecer atención y protección de derechos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado acordaron trabajar de manera conjunta para fortalecer la atención a las personas que utilizan los servicios de defensoría y la protección de sus derechos humanos.

Ambas instituciones firmaron este jueves un convenio de colaboración que contempla acciones de capacitación, asesoría, investigación y difusión en temas como derechos humanos, debido proceso, defensa adecuada y cultura de la legalidad.

El presidente de la CEDH Sinaloa, Oscar Loza Ochoa, señaló que una defensa adecuada y el respeto a los derechos humanos deben ir de la mano para garantizar el acceso a una justicia digna.

Como parte del acuerdo, la Comisión brindará capacitación y asesoría técnica al personal de la Defensoría Pública, además de orientar sobre los mecanismos disponibles para la protección de los derechos humanos.

También podrá dar seguimiento, dentro de sus atribuciones, a los casos en los que se adviertan posibles vulneraciones a estos derechos.

Por su parte, el Instituto de la Defensoría Pública podrá canalizar a la CEDH aquellos asuntos en los que detecte posibles violaciones a derechos humanos y facilitará la participación de su personal en las actividades que desarrollen ambas instituciones.

La directora del Instituto, María Obdulia Fernández Germán, destacó que contar con el acompañamiento de la CEDH permitirá tener una vía de orientación cuando existan dudas sobre la manera en que se están prestando los servicios de defensoría.

Además de cursos y talleres, el convenio contempla el intercambio de materiales y buenas prácticas, así como la posibilidad de desarrollar investigaciones y publicaciones relacionadas con los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Estas acciones podrán llevarse también a las localidades donde la Defensoría Pública presta sus servicios.

De esta manera, ambas instituciones buscan mejorar la atención que reciben las personas que recurren a la defensoría pública y contar con mecanismos de colaboración ante posibles vulneraciones a sus derechos.