El PAN en Sinaloa cuestionó los resultados presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum en su segundo informe de gobierno y aseguró que las cifras en seguridad y economía no reflejan la situación que enfrentan las familias.
Durante una conferencia de prensa, los panistas señalaron que, aunque el Gobierno Federal reportó una reducción del 51 por ciento en los homicidios dolosos, continúan problemas como la percepción de inseguridad y las desapariciones. También cuestionaron los resultados económicos, el desempeño de Pemex y el incremento de becas sin que, a su juicio, exista una mejora suficiente en la calidad educativa.
Sin embargo, el tema que generó mayor atención fue el esquema de seguridad que acompaña a la coordinadora de Morena en Sinaloa, Imelda Castro. La diputada Roxana Rubio informó que presentó oficios ante la Guardia Nacional para conocer quién solicitó la protección, cuál fue el fundamento legal para autorizarla y si existió una evaluación de riesgo.
El director jurídico del PAN estatal, Edgardo Burgos Marentes, sostuvo que buscan conocer el sustento de la asignación y no únicamente realizar una crítica política. De acuerdo con el partido, el dispositivo estaría conformado por al menos 12 elementos y dos patrullas, aunque señalaron que desconocen si también participan agentes vestidos de civil.
Los panistas pidieron conocer cuántos elementos fueron asignados, qué vehículos utilizan, a qué unidad pertenecen, cuánto recurso público se destina al operativo y qué autoridad autorizó la medida. También cuestionaron que el esquema haya comenzado después de que Castro fuera designada coordinadora estatal de Morena.
El PAN comparó este caso con las dificultades que enfrentan madres buscadoras, periodistas y otras personas que requieren protección, al señalar que estos sectores deben cumplir procesos y protocolos para acceder a medidas de seguridad.
Finalmente, los legisladores cuestionaron la decisión de dejar de emitir comunicados diarios sobre los homicidios registrados en Sinaloa y advirtieron que esto puede limitar el acceso de la ciudadanía a información sobre la situación de seguridad.