La diputada del PRI, Paola Gárate, propuso transparentar la asignación de la obra pública en Sinaloa y poner fin a la concentración de contratos, al considerar que esta práctica ha afectado la generación de empleos y el crecimiento económico del estado.
Durante un posicionamiento ante el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora aseguró que la industria de la construcción atraviesa una crisis reflejada en la pérdida de empleos, la disminución de la producción y el deterioro de un sector que históricamente ha impulsado la economía sinaloense.
«La obra pública debe servir para generar desarrollo regional, fortalecer a las empresas locales y crear empleos, no para beneficiar a unos cuantos», expresó.
Gárate señaló que la problemática no responde únicamente a la desaceleración económica, sino también a la opacidad en la contratación de obra pública, la concentración de contratos y la falta de condiciones de competencia para las empresas locales.
Con datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, indicó que entre abril de 2021 y abril de 2026 el sector perdió más de 2 mil 400 empleos y registró una disminución en el valor de la producción, principalmente en obras de vivienda, infraestructura urbana y servicios de agua y saneamiento.
La diputada recordó además investigaciones públicas que documentan presuntos esquemas de concentración de contratos y simulación de competencia en la asignación de obra pública, situaciones que, dijo, limitan la participación de empresas constructoras sinaloenses.
En ese contexto, destacó la iniciativa presentada junto con organizaciones ciudadanas y los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para reformar la Ley de Obras Públicas, con el objetivo de fortalecer la transparencia en las licitaciones, impedir la simulación de competencia, ampliar la vigilancia ciudadana y establecer sanciones para quienes incurran en irregularidades.
Asimismo, planteó la implementación de un programa emergente de apoyo al sector constructor que incluya financiamiento, incentivos fiscales, asistencia tecnológica, simplificación administrativa y mejores condiciones de seguridad para recuperar la inversión y preservar las fuentes de empleo.