La discusión sobre la explotación de yacimientos no convencionales en México debe abordarse desde una visión técnica y de sustentabilidad que privilegie el bienestar y la seguridad energética del país. En este contexto, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que es imprescindible contar con reglas claras que permitan aprovechar las oportunidades económicas frente a la volatilidad internacional sin comprometer los recursos naturales ni a las comunidades. Según estimaciones técnicas, un marco fiscal y de inversión adecuado para esta actividad podría representar una fuente relevante de ingresos públicos, con una contribución potencial del orden de los 53 mil millones de pesos anuales por derechos, impuestos y actividades asociadas.
Para que esta explotación sea viable, el legislador planteó la necesidad de cumplir con condiciones estrictas que garanticen la seguridad operativa y la protección ambiental. Entre estas medidas destaca la aprobación de una ley sectorial que fije permisos, criterios técnicos y sanciones efectivas, contando siempre con la intervención de las autoridades de medio ambiente y agua. Asimismo, se requeriría la exigencia de peritajes independientes, sistemas de integridad de pozo y planes vinculantes para el uso eficiente, reciclaje y reúso del agua antes de otorgar cualquier permiso operativo.
La propuesta también enfatiza la importancia de la transparencia y la gobernanza mediante la creación de comités de vigilancia local y la publicación en tiempo real de datos operativos y financieros. Además, se busca una distribución justa de los beneficios a través de un fondo regional que canalice parte de los ingresos a infraestructura local, programas de empleo y transferencia tecnológica. Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que el reto es construir un marco que convierta estos recursos en una palanca de desarrollo regional sin sacrificar la integridad de los ecosistemas ni los derechos de las comunidades.