La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley conocida como “del halconeo” abrió un debate sobre sus alcances y posibles efectos en la libertad de expresión y el acceso a la información. De acuerdo con Marlene León, presidenta de Iniciativa Sinaloa, la reforma aprobada en el estado incluía disposiciones que podían criminalizar la difusión de información relacionada con operativos de seguridad, afectando tanto a periodistas como a ciudadanos.
La activista señaló que este tipo de medidas no son exclusivas de Sinaloa, sino parte de una tendencia nacional en la que algunas legislaciones buscan tipificar como delitos acciones vinculadas a la obtención o difusión de información pública. Explicó que esta práctica puede contravenir el artículo sexto constitucional, que garantiza el derecho al acceso a la información, la libertad de expresión y la transparencia gubernamental.
León ejemplificó que, con la redacción previamente vigente, un ciudadano que compartiera en redes sociales la ubicación de un operativo o actividad policial —incluso con el objetivo de evitar riesgos— podía ser acusado de halconeo. Advirtió que en contextos de violencia e incertidumbre, la información es una herramienta fundamental para tomar decisiones en la vida diaria, y no debe ser sujeta a penalización desde el ámbito jurídico.
Finalmente, consideró que la resolución de la Suprema Corte, que suprimió la fracción observada, representa un precedente importante y un llamado de atención a los congresos estatales para que no legislen “al vapor” y consulten a especialistas, academia y sociedad civil antes de aprobar reformas que puedan restringir derechos humanos. Según afirmó, el caso debe verse como una señal de alerta para evitar retrocesos en materia de libertad de prensa y acceso a la información en el país.