La organización Iniciativa Sinaloa presentó los resultados más recientes de su Índice de Transparencia de Obra Pública, donde expuso una serie de inconsistencias que dificultan conocer el destino real de los recursos públicos aplicados en infraestructura estatal. El informe revela que, pese a que se han ejercido miles de millones de pesos en obra pública durante los últimos años, la información disponible es limitada y no permite verificar de manera plena si las obras coinciden con el gasto reportado.
Durante la presentación, la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León, cuestionó la forma en que se están concentrando los contratos y la poca claridad en la documentación de las obras. Señaló que gran parte de los proyectos se adjudican por vía directa, que no siempre se publican los contratos, avances, bitácoras o informes técnicos y que incluso existen obras sin trazabilidad pública ni testigos sociales, pese a que la ley obliga a documentar estos procesos para evitar irregularidades. La organización también detectó posibles fraccionamientos de obras y la concentración del 57% del presupuesto en un número reducido de empresas y grupos empresariales.
Según el análisis, la metodología usada para medir la transparencia en la plataforma CompraNet muestra un incumplimiento medio en las licitaciones públicas y un incumplimiento total en las adjudicaciones directas, lo que implica que los documentos que permiten vigilar la correcta ejecución de los trabajos no son publicados de manera sistemática. Esta situación, advirtió la organización, impide evaluar si los montos asignados coinciden con las obras realizadas y abre espacios para simulaciones, sobrecostos y mala calidad en la infraestructura.
Iniciativa Sinaloa llamó a reforzar la vigilancia institucional y ciudadana, a investigar posibles irregularidades y a mejorar la publicación de información técnica que permita saber con certeza en qué se gastan los recursos del estado. Mientras tanto, persiste la inconformidad de que, pese a las fuertes inversiones anunciadas, la ciudadanía no siempre percibe de manera clara dónde están las obras, cuánto costaron, quiénes las realizaron y si realmente cumplen con los estándares que deberían acompañar el gasto público.