Productores agrícolas de varias regiones del país comenzaron nuevas protestas tras acusar a las empresas compradoras de maíz de incumplir los acuerdos de precio y de emitir comentarios que consideran ofensivos para el campo.
De acuerdo con el productor sinaloense Martín Linn, del campo Balbuena, agricultores de Jalisco y Guanajuato bloquearon las bodegas de Maseca y Minsa luego de que los industriales redujeran el precio pactado de 5,200 a 4,700 pesos por tonelada de maíz. Según los testimonios difundidos entre los productores, los compradores incluso habrían dicho: “den gracias que les estamos comprando el maíz”, lo que provocó indignación generalizada.
Los bloqueos fueron realizados de forma pacífica, mediante el cruce de tractores, camionetas y maquinaria en los accesos a las plantas, impidiendo la entrada y salida de personal y vehículos. No se reportaron actos de violencia ni daños a las instalaciones. Los productores aseguran que esta es una respuesta a lo que consideran una falta de respeto y un quebrantamiento a los acuerdos previamente establecidos entre agricultores e industria. En Michoacán también se reportan manifestaciones, aunque relacionadas con otros apoyos pendientes al campo.
En un mensaje dirigido a los integrantes del movimiento, se confirmó que las acciones podrían escalar en los próximos días, incluyendo el bloqueo de casetas de peaje a partir del lunes y la posible participación del sector transportista, a través de la organización ANTAC, que ha manifestado su disposición a realizar un paro nacional de tráileres. Además, el domingo se llevará a cabo una reunión del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano en la Ciudad de México para definir estrategias y acordar cómo mantener las protestas sin afectar gravemente a ciudadanos o usuarios de carreteras.
Sinaloa, aunque aún no ha bloqueado instalaciones, se encuentra en estado de alerta organizativa. Agricultores de zonas como San Miguel Zapotitlán, Cuatro Caminos, El Pítzal y Costa Rica se preparan para sumarse. “Nos están avisando lo que está pasando en tiempo real. No es una amenaza, es una realidad que nos afecta a todos”, expresó Martín Linn al compartir la situación con medios locales. Hasta ahora ni las empresas involucradas ni las autoridades federales han emitido una postura oficial.