Jubilados y docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúan manifestándose en exigencia del respeto a sus derechos laborales y del pago de prestaciones pendientes, denunciando que las decisiones administrativas recientes han vulnerado conquistas obtenidas tras años de servicio. El movimiento, encabezado por Florina García Borges, presidenta de Jubilados de la UAS A.C., se congregó en el Congreso del Estado para reiterar su rechazo a las medidas implementadas bajo la llamada “reingeniería universitaria”, que consideran injustas y contrarias al contrato colectivo de trabajo.
Durante la concentración, García Borges explicó que el grupo fue convocado por el gobernador para dialogar sobre su situación, quien se comprometió a gestionar una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales. Sin embargo, los jubilados aseguran que, hasta el momento, esa reunión no se ha concretado. Afirman también que el rector no ha sostenido comunicación directa con ellos, a pesar de contar con documentos oficiales que respaldan sus demandas. Entre los principales reclamos se encuentra el pago de primas vencidas y el cese de acciones que califican como perjudiciales hacia los trabajadores retirados.
Por su parte, la doctora Martha Olga García López, profesora de la Facultad de Trabajo Social, señaló que el conflicto actual refleja una pérdida de los valores que antes distinguían a la institución. Explicó que los maestros de generaciones pasadas accedieron a sus puestos mediante exámenes de oposición y procesos que podían tardar décadas, mientras que, según dijo, ahora se otorgan cargos de forma inmediata a personas allegadas a la administración. Denunció que el sindicato ha dejado de velar por los derechos laborales y que se están ignorando los procedimientos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, situación que, consideró, representa una falta de respeto a la legalidad universitaria.
El movimiento de jubilados y académicos asegura que su lucha es pacífica, pero firme, y que continuará hasta que las autoridades cumplan los compromisos adquiridos. En total, el grupo aglutina a más de mil doscientos integrantes de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, quienes demandan diálogo, transparencia y justicia laboral. Insisten en que no buscan privilegios, sino el reconocimiento a una vida dedicada al servicio académico y el respeto a los derechos conquistados por generaciones anteriores.