El Senado de Uruguay aprobó este miércoles, por amplia mayoría, una ley que autoriza la eutanasia bajo condiciones específicas, convirtiéndose en el primer país de América Latina en legalizarla mediante un proceso legislativo.La norma, denominada Muerte Digna, obtuvo 20 votos a favor de un total de 31 senadores presentes tras más de diez horas de debate.
Con esta decisión, Uruguay se suma a un reducido grupo de países en el mundo que permiten la muerte asistida.En la región, Colombia y Ecuador habían despenalizado la eutanasia a través de fallos judiciales, pero este caso marca la primera vez que la práctica se regula por ley.
El texto establece como requisitos que la persona solicitante sea mayor de edad, ciudadana o residente en el país, que esté psíquicamente apta y atraviese una etapa terminal de una enfermedad incurable o padezca sufrimientos considerados insoportables, con un grave deterioro de su calidad de vida.
Además, el paciente deberá dejar constancia de su voluntad por escrito y atravesar instancias de evaluación previas.Durante la votación, el oficialista Daniel Borbonet defendió la ley al considerarla un “texto sólido que ofrece seguridad jurídica”.
En contraste, el opositor Pedro Bordaberry criticó la redacción y afirmó que se trata de “una ley de fomento” de la muerte asistida.El debate, que se desarrolló en un clima respetuoso y por momentos emotivo, estuvo acompañado de manifestaciones dentro y fuera del recinto. Tras la aprobación, un asistente interrumpió con un grito de “asesinos”, lo que contrastó con los aplausos de quienes celebraban el resultado.
Uruguay, caracterizado por sus reformas sociales de carácter progresista, suma así una nueva norma a un historial legislativo que incluye la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.Mientras la Iglesia Católica expresó “tristeza” por la aprobación, diversas organizaciones civiles y religiosas rechazaron la iniciativa al considerarla “deficiente y peligrosa”.
Por su parte, el Colegio Médico evitó fijar una postura institucional, aunque señaló que la reglamentación de la ley será clave para su correcta aplicación.