Los diputados locales del PRI, Bernardino Antelo e Irma Moreno Ovalles, abordaron temas relevantes tanto en el plano político-electoral como en materia de seguridad pública, particularmente en torno a la extorsión digital, un delito que va en aumento y que, afirmaron, aún se encuentra en un vacío legal en Sinaloa.
Respecto a las próximas elecciones, el diputado Antelo destacó que su partido cuenta con cuadros políticos sólidos y con experiencia para competir en todos los niveles. Aseguró que el PRI ha trabajado constantemente en el territorio, y celebró que existan actores que manifiesten su interés en participar, aunque recalcó que aún no es momento de respaldar públicamente a ningún aspirante, ya que no hay convocatorias abiertas ni procesos formales en curso. Subrayó que el objetivo del grupo parlamentario es fortalecer al partido desde la labor legislativa y el trabajo territorial.
En cuanto al tema de seguridad, se refirió a la extorsión como una problemática creciente que afecta a la población, y criticó que recién haya sido reconocida como prioritaria por autoridades federales, a pesar de los múltiples señalamientos locales. Consideró que otros delitos de alto impacto, como los homicidios, también deben ser atendidos con urgencia, sin restar importancia a la extorsión.
La diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles profundizó en este tema, detallando que el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, a fin de incorporar formalmente la figura de extorsión digital, dado que este tipo de delitos han aumentado significativamente, especialmente contra personas de la tercera edad.
Ambos legisladores señalaron que la falta de una legislación específica impide que las autoridades puedan actuar eficazmente ante estos casos. Paola Gárate relató su experiencia personal como víctima de un intento de robo de identidad y extorsión a través de redes sociales, lo que evidenció —dijo— la ausencia de protocolos, asesoría y capacidad institucional para atender adecuadamente a las víctimas.
La propuesta legislativa busca aumentar las penas por extorsión digital y generar condiciones para que la Fiscalía General del Estado fortalezca su capacidad de respuesta. También se hizo un llamado a implementar campañas de prevención y concientización, así como a dar mayor publicidad a números telefónicos y mecanismos usados comúnmente para extorsionar a la población, práctica que antes era frecuente y que hoy se ha descuidado.
Finalmente, reiteraron que el PRI continuará impulsando iniciativas que atiendan de manera frontal los delitos digitales y que garanticen condiciones reales de justicia y seguridad a las y los sinaloenses.