Julián César Silvas, presidente de una alianza empresarial en Sinaloa, hizo un llamado a fortalecer la participación ciudadana en la construcción del desarrollo, destacando que el impulso económico del estado depende tanto de la eficiencia institucional como del compromiso del sector privado.
Durante su intervención, subrayó que los empresarios deben seguir insistiendo en la mejora regulatoria y la simplificación de trámites, pues la carga administrativa sigue siendo un obstáculo para la inversión. Propuso revisar la denominación legal de la Dirección del Trabajo y Previsión Social estatal, ya que esta última es una facultad exclusiva del ámbito federal y puede generar confusiones jurídicas.
Además, cuestionó la sobrerregulación legislativa y el exceso de nuevas leyes que, en lugar de facilitar, encarecen el acceso a la justicia y limitan la competitividad de los empresarios formales. En este sentido, señaló que es necesario hacer más eficientes las leyes existentes antes de seguir creando nuevas disposiciones.
También se refirió al debate sobre la “ley silla”, considerando que debe prevalecer el criterio en el entorno laboral sin imponer normativas excesivas que no consideran las particularidades de cada giro comercial o tipo de empleo.
Silvas cerró su participación con una crítica al difícil acceso a la justicia administrativa, sobre todo en los municipios, donde obtener un permiso puede requerir largos procesos legales que no todos los ciudadanos pueden costear, lo que excluye a quienes no tienen los recursos para defender sus derechos.